Comparativo de perdidas electricas entre los paises del triangulo norte

Honduras necesita AL MENOS USD 1,500 millones en generación… pero no llega. Y no es por falta de dinero.

Hace unas semanas compartí un gráfico en mi cuenta de X que generó un debate mucho más amplio del que esperaba. La discusión fue más allá de la política tradicional y se centró en algo que pocos reconocen: el problema no es la demanda eléctrica, sino cómo está estructurado nuestro mercado.

En países como Guatemala o El Salvador, los generadores tienen múltiples alternativas de compradores: distribuidoras privadas, grandes consumidores, comercializadores, e incluso el mercado regional. Eso permite diversificar riesgos, garantizar flujos de caja estables y hacer viable el financiamiento de nuevos proyectos.

En Honduras, en cambio, el actor dominante sigue siendo un ente estatal con altos niveles de pérdidas y concentración de riesgo. Para la ENEE, es mucho más fácil oponerse a liberalizar el mercado que resolver sus propias ineficiencias, y eso bloquea la entrada de capital privado y regional. No importa cuánto capital exista disponible; si los flujos dependen de un solo comprador con solvencia limitada, los proyectos no se cierran.

Desde la perspectiva del Project Finance, los inversionistas primero evalúan seguridad de flujo, diversificación de compradores y estabilidad institucional. Si estos factores no existen, el costo de capital se dispara y las inversiones quedan paralizadas. La liberalización no significa debilitar a la estatal; significa distribuir riesgos, generar competencia y crear señales de precio reales que permitan que el capital fluya de manera sostenible.

Honduras no puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No se trata de “público versus privado”; se trata de diseñar un mercado que funcione, atraiga inversión de largo plazo y reduzca riesgos para todos los actores. Los USD 1,500 millones en generación no son solo una cifra: son un recordatorio de que la solución requiere decisiones estructurales y visión de largo plazo.

Si queremos un sector eléctrico confiable, competitivo y sostenible, debemos corregir incentivos y asegurar que quienes invierten puedan hacerlo con certeza de retorno. Ese es el desafío real que nuestro país enfrenta hoy